Este proceso implicó profundos cambios
y rupturas con respecto al modelo neoliberal impuesto en nuestro país por la
última dictadura cívico-militar y consolidado mediante las políticas emanadas del
consenso de Washington aplicadas durante la década del 90 por el gobierno
menemista. Somos conscientes de que esos cambios fueron posibles a partir de la
necesidad de las grandes mayorías de buscar para la Nación un camino distinto.
Necesidad que se expresó con crudeza y nitidez en los trágicos episodios del
2001 y en la permanente protesta social de aquellos años. 
Pero era necesario que un gobierno
asumiera el compromiso y los desafíos que imponía la decisión de cambiar el
rumbo, de poner un límite a las pretensiones de los organismos multilaterales
de crédito (FMI y Banco Mundial) y el capital financiero internacional; de lograr
un reparto de la riqueza más justo como mandato moral y palanca para el crecimiento
económico; de reconocer los derechos de las minorías; de hacer eficiente el
gasto y la inversión pública. En definitiva de colocar el gobierno y las
políticas públicas al servicio de todos y todas y no de un pequeño grupo de privilegiados.
Estos pasos se dieron con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La recuperación de la memoria y las
políticas de derechos humanos que permitieron, revirtiendo medidas que el
Estado había tomado en el pasado, juzgar y condenar a más de mil represores. El
impulso a la integración regional desde una perspectiva popular y
latinoamericana. La estatización de los fondos jubilatorios y la actualización
permanente de los haberes. El concejo del salario. La urbanización de barrios
humildes. La inversión en salud y educación. Los pasos dados en la
democratización de los medios de comunicación. Estos son algunos de los hechos
que en nuestro país marcaron un antes y un después y constituyen, desde nuestro
punto de vista, una base fundamental desde donde debemos continuar y
profundizar las transformaciones necesarias para lograr ampliar la democracia  distribuyendo cada vez mejor los frutos del
trabajo de la población en su conjunto.
Es ingenuo o malintencionado afirmar
que semejante proceso de cambios pueda tener lugar exento de conflictos. Por
supuesto que quienes ostentaban privilegios se resisten a perderlos. Es
evidente que las corporaciones son incompatibles con la democracia y atentan
contra la voluntad y los intereses populares. Queda claro que los monopolios
provocan concentraciones hegemónicas en las diferentes actividades productivas
que dejan indefensa a la ciudadanía frente al interés exclusivo del incremento
de la tasa de ganancia y que los límites que impone el Estado no son recibidos
con aquiescencia por sus representantes. En definitiva, no podemos esperar el
acuerdo de la totalidad de los actores socio-económicos en todas las políticas
que se impulsan desde el gobierno. Lo que sí debemos asegurar es que los
valores y las instituciones democráticas sean el espacio y el límite de la
acción política para los diferentes sectores que pugnan por sus intereses, y
que al mismo tiempo reconozcan la autoridad del Estado y el gobierno popular en
la construcción de la patria de todos y todas. 
En Chubut, Cristina Fernández de
Kirchner obtuvo en las últimas elecciones presidenciales el 60% de los votos. Ese
resultado demuestra claramente la alta expectativa que existe en la provincia
ante la posibilidad de aplicar las políticas públicas que constituyen la
identidad del modelo nacional y popular aquí, en este territorio que tiene
particularidades complejas en cuanto a su geografía, recursos naturales,
factores productivos, interculturalidad, y una gran necesidad, todavía
pendiente, de construir con la activa participación del pueblo, un proyecto de
crecimiento y desarrollo inclusivo que genere oportunidades a los/as jóvenes,
que reconozca el trabajo de los productores, que integre las actividades
económicas, que mejore la comunicación y el acceso de las diferentes regiones,
que respete el ambiente y el hábitat, e impulse políticas socio-sanitarias
integrales como condición indispensable para brindarle a la generación actual y
a las futuras un lugar donde vivir y crecer con salud, que piense a la
educación como factor de democratización del saber y multiplicación de las
potencialidades colectivas, en definitiva, un proyecto político que nos permita
alcanzar una provincia con justicia, equidad, calidad de vida y oportunidades
para todos y todas.
 
 
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